La entidad ruralista cargó duramente contra el uso que hizo Sergio Massa de su cargo como Ministro de Economía para hacer proselitismo en su propio beneficio. «Es el beneficiario electoral de la medida que ordena», acusan. Y reclamaron que el Gobierno «recupere el ejercicio institucional y se dedique a ordenar las cuentas públicas».
«Paga nuestro sector el aprovechamiento político electoral de tener de ministro de Economía e impulsor de la medida a quien, al mismo tiempo, es el beneficiario electoral de la medida que ordena», disparó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a raíz del bono para los empleados en relación de dependencia que ordenó el Ministro Sergio Massa.
Desde la entidad rechazaron la medida «desde las formas y el fondo», al considerar que «vulnera la negociación colectiva, impone cargas gravosas para el sector empleador y no tiene en cuenta la mejora en el salario real que se ha dado en la última paritaria entre partes». Del mismo modo, «denostamos el oportunismo» -dijeron- de algunos gobernadores que avalan el bono para los empleados de sus administraciones con las mismas intenciones electoralistas.
La reacción se hizo pública este jueves 31 de agosto, a raíz de haberse hecho efectiva la medida mediante la publicación del decreto 438, el cual indica que se instrumenta para «mitigar la caída en los salarios reales hasta que la negociación colectiva consiga recuperar el poder adquisitivo por la aceleración inflacionaria inesperada».
Al respecto, CRA explicó que el 12 de agosto, «tan sólo tres semanas atrás», en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y con el voto decisivo de la representación oficial del Estado, se impuso la actualización salarial hasta Octubre. La suma decidida, «superó todas las proyecciones inflacionarias», afirman, y hasta la última devaluación. «En consecuencia en el marco de paritarias libres, lo resuelto por resolución 157/23 de CNTA, supera y desdice a los argumentos esgrimidos para obligar a un bono de decidido corte electoralista«.
Se trata, afirman desde la entidad, de un «quiebre de las paritarias libres», por cuanto también refutaron al presidente Alberto Fernández, quien dijo que la medida no era un «plan platita» sino un «plan justicia». Para los ruralistas es un intento de «consolidar la imposición unilateral como ejercicio de la política, el desconocimiento de la realidad del sector y la ausencia de institucionalidad en el manejo de las políticas públicas», por lo que «confunde la política salarial de un sector con la campaña política de un candidato que se apropia de las decisiones del Gobierno, en beneficio electoral propio».
Al padecimiento, que no solo sufre el campo, de lidar con la inflación de costos, el retraso cambiario, las distorsiones de precios, las tasas de interés bancarias, la triple presión impositiva, las restricciones comerciales, sequías y emergencias «ahora se agrega una nueva imposición salarial».
Finalmente, la entidad instó al gobierno a recuperar «el ejercicio institucional» para dedicarse «a ordenar las cuentas públicas» y el proceso inflacionario. «CRA quiere y respeta paritarias, pero no está dispuesta a pagar campañas políticas».
