Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), sostuvo que, tras la decisión del gobierno nacional de intervenir Vicentin , «lo grave es el avasallamiento al sistema republicano» porque en el país «intervenir para expropiar una empresa que por una crisis financiera se presentó en concurso preventivo (de acreedores) termina llevándose por delante a los poderes Judicial y Legislativo». Vicentin es originaria de esta provincia y los productores brindan así su visión sobre la medida oficial.
«Si rige la ley de concurso preventivo, que jurídicamente es sagrado, donde un juez, un síndico, tutelan los intereses de la empresa, los acreedores, el fisco, etc, por qué se interviene», se preguntó el dirigente ruralista ante una consulta de LA NACION.
Mántaras explicó que «la intervención de una persona jurídica es por medio de personería jurídica, con la normativa que la rige, que es la ley de sociedades. Jurídicamente eso es sagrado», subrayó.
Para el ruralista, «acá no es esa la línea argumental. Acá hay un presidente que decide nombrar interventor en una empresa privada antes que se declare la utilidad pública y que los legisladores resuelvan el tema previa discusión en ambas Cámaras».
«Con lo que se anunció se están llevando por delante a los poderes Judicial y Legislativo. La propiedad privada es sagrada, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y la expropiación requiere la declaración de utilidad pública como causa y todo un proceso para la sanción de la ley, lo que implica discusión legislativa», amplió.lo grave es el avasallamiento al sistema republicano
Para Mántaras, «todo esto surge como consecuencia que nos están gobernando con DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia)».
Finalmente, el dirigente aclaró que, «si la cuestión de fondo es asegurar la soberanía alimentaria, en pleno Covid o posCovid, eso es grave. Soberanía alimentaria es un argumento que Carsfe no comparte. Hay una intervención del Estado cuando en plena pandemia la seguridad alimentaria estuvo asegurada», insistió.
Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario sostuvo que «llama la atención que el gobierno emita un decreto de necesidad y urgencia y de esta manera abra paso a una intervención estatal y posterior expropiación de la empresa privada, aduciendo que está en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país» porque «dicha empresa exporta gran parte de lo que produce no abasteciendo con sus productos y derivados al mercado alimenticio interno».
«A su vez, la fluidez de la comercialización de granos no se ha visto mermada, tal es así que a esta altura del año se ha exportado un 10% más que el año pasado, siendo ésta afectada por las limitaciones que se dieron por los incumplimientos de los protocolos comerciales», agregó.
Finalmente, desde la Sociedad Rural Rosario manifestaron que entienden que los recursos de los argentinos se deben aplicar a mantener el ejercicio de la Justicia, educación, atención sanitaria y el orden público. «Servimos a la patria mejorando la producción», aseguró la entidad mediante un comunicado.
