Luciana Brero es una pequeña productora de una zona periurbana en Rafaela, provincia de Santa Fe, que, en el lapso de tres meses, sufrió la carneada de casi el 20% del total de la hacienda. Apremiada y ante la falta de respuestas de parte de las autoridades, la productora empezó una lucha sola: busca estadísticas de casos para que el gobierno provincial se movilice y enfrente este tipo de delitos.
«Me resulta duro, tengo que pensar cuánto más puedo seguir a este ritmo, me estoy fundiendo. Sigo por amor al arte; todo lo que tengo son puras pérdidas», aseguró. Pese a que realiza las denuncias en la policía de la localidad, ninguno de los casos se ha esclarecido ni investigado, según afirmó.
Según indicó la productora, que prefirió no dar a conocer la cantidad de animales que representó la carneada del 20% del rodeo, ha agotado todas las instancias posibles para que las autoridades provinciales puedan hacer un relevamiento de los casos de abigeato en Santa Fe. A través de las entidades del campo, también solicitó estadísticas e informes sobre este tipo de delitos.
«Ya es inconcebible, tengo que enfrentarme a esa realidad por la que me estoy fundiendo. Si esto no sirve para salvarme yo, de ir directo a la ruina, que sirva para otros productores que tienen más espalda. Pero quisiera que se frene esto a nivel provincial», dijo.
Según contó, la última vez que le carnearon una vaca preñada siguió las huellas de los delincuentes por los miembros del animal que fueron abandonando en medio del campo y llegó hasta un asentamiento que queda en las inmediaciones de su establecimiento. «Cada miembro bovino son muchos kilos de carne. Les habrá significado demasiado esfuerzo y por eso abandonaron dos de los cuatro que se estaban llevando», destacó.
Fue a raíz de estas pistas que la policía accedió a ir hasta el lugar, pero tampoco le dieron una solución al problema ni se hizo un seguimiento de las denuncias. «El Estado mira para otro lado. Para tener datos fuertes estadísticos o puntos de referencia, solicité al Ministerio de Seguridad de la provincia, al Ministerio Público de la Acusación y al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), pero no recibí ninguna respuesta, ni siquiera para decirme que no estaban dispuestos a brindármelos o no disponían de ellos», señaló.
En tanto, tomó contacto con el coordinador de la comisión de seguridad que lidera la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Gerardo Vicentini, para conocer la cantidad de denuncias que se habían recibido entre 2018/19 y el primer semestre de 2020.
«Me dijo que la publicación de esos datos tiene que hacerse de manera formal, vía el Ministerio de Seguridad porque Carsfe está bajo una cláusula de confidencialidad, pero se comprometió a solicitarle al OJO (Central Operativa Analítica Criminal) la publicación de datos estadísticos referentes al abigeato», expresó.
Desde hace unos años, el Ministerio de Seguridad provincial trabaja en forma conjunta con Carsfe para esclarecer la problemática. En esa línea, el presidente de la entidad ruralista, Carlos Castagnani, destacó a LA NACION el trabajo que están haciendo Carsfe y las autoridades provinciales. «Nosotros tenemos una comisión que está trabajando bastante bien junto con el Ministerio de Seguridad y el de Salud. Y por el tema de las carnes que va a las carnicerías está trabajando el de la Producción», dijo Castagnani.
