Desde la Confederación de Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa insisten nuevamente en dejar de lado las caravanas electrónicas en forma obligatorio como pretende el gobierno nacional.
En efecto, el presidente de la entidad, Guillermo Martínez Balbis, recordó que desde un principio, en forma conjunta con CRA (Confederación de Sociedades Rurales de la República Argentina) y afirmó que “No nos equivocamos. Desde hace un largo tiempo, y con disputas hasta personales en mi caso, venimos tratando de hacerles entender que las medidas tomadas a las apuntadas, inconsultas e irracionales, no iban a funcionar. Muchos nos han tratado de reiterativos, la realidad demostró lo contrario”.
Con el respaldo de la Mesa Ejecutiva de los ganaderos de Chaco y Formosa, Martínez Balbis agregó “Somos CRA, somos Cha-For, estamos cerca del pensamiento del productor agropecuario. Esto no es una batalla o un mero capricho, hemos explicado las dificultades y expuesto razones para la de las caravanas electrónicas .En ese marco, insistimos al Gobierno Nacional para que la implementación de dicho sistema de trazabilidad NO SEA OBLIGATORIO para toda la hacienda, sino solo para aquellas que serán exportadas”.
En ese sentido, se adelantó en portales especializados que “el gobierno nacional está analizando por estas horas qué hacer, pero el escenario más probable es que se deba postergar la puesta en marcha del sistema individual de identificación de los bovinos -que debía comenzar en marzo de 2025- porque la licitación internacional armada por Juan Pazo y Sergio Iraeta estuvo tan mal realizada desde el principio que ahora la empresa que ganó, la suiza Datamars, no garantiza la cantidad de caravanas electrónicas necesarias para poner en marcha el sistema. Esta firma, a su vez, estuvo esperando decisiones del gobierno que nunca llegaron”.
Según “Bichos de Campo”, ellos también han venido anticipando todos y cada uno de los desaguisados de una licitación mal parida desde el principio”, y que respondió al capricho de Pazo -cuando era secretario todopoderoso de Producción- de querer imponer al sector ganadero un sistema de identificación y trazabilidad que nadie le exigía a la Argentina. Como las entidades rurales, en especial CRA, se opusieron a que la colocación de los chips electrónicos en las orejas de los bovinos fuera obligatoria, el ahora titular de ARCA decidió regalar a todos los productores -cualquiera sea su tamaño- los primeros dispositivos. Y para eso convocó a una licitación internacional que ahora podría ser suspendida, porque la empresa ganadora no tendría capacidad de responder a lo que prometió.
No están las caravanas, al menos no en las cantidades comprometidas: 23,5 millones de unidades de las cuales 10 millones debían estar a disposición del Estado en el primer cuatrimestre del año.
En su defensa, desde Datamars argumentaron que nadie del gobierno (ni del Ministerio de Economía, ni de la Secretaría de Agricultura y mucho menos del Senasa), ha contestado a sus múltiples requerimientos técnicos para poner en marcha el sistema a partir de marzo próximo, a tal punto que ni siquiera tendrían certezas de cuándo iban a cobrar por las caravanas. Ellos dicen tener todo listo para producirlas en Brasil, donde han invertido fuerte en una planta a nivel regional. Y que la disponibilidad del insumo no sería un problema siempre y cuando tengan precisiones del gobierno argentino. “Pero nada, el silencio total, no han armado ni siquiera una mesa técnica”, se quejaron desde la firma suiza.
Todo tiene que ver con el modo de organización del poder dentro del propio gobierno libertario, donde solo hay unas pocas personas habilitadas para tomar decisiones. Del riñón del ministro Luis Caputo, Pazo es una de ellas, y fue él quien se encaprichó con esta licitación para imponer una trazabilidad individual de los bovinos, cuyos sobres se abrieron el 15 de noviembre. Pero luego se desentendió del asuntó, pasó primero a la Cancillería y de inmediato fue convocado a dirigir la ex AFIP.
Sus interventores en el Senasa, la gerente María Eugenia Barbieri, y en Agricultura, su concuñado Iraeta y el subsecretario Manuel Chiappe, no definen nada, mientras los mandos técnicos no se animan a intervenir por temor a represalias. Así las cosas, fueron pasando las semanas sin siquiera comunicación formal con las empresas proveedoras. Hasta esta semana que a Economía le agarró la urgencia de exigir a Datamars que firmara los contratos respectivos y cumpliera con los plazos de entrega.
Es tarde. Y por eso, no están las caravanas. En el medio, la Secretaría de Agricultura que conduce el concuñado de Pazo nunca publicó el acta con el resultado final de la licitación, pese a que han pasado más de dos meses desde que se abrieron los sobres. Y por eso el presidente del Senasa, Pablo Cortese, tampoco determinó todavía cómo se distribuirán las caravanas electrónicas y quienes harán la tarea de colocarlas a los terneros que se vayan destetando a partir de marzo próximo.
Por eso el Banco Mundial, que pondrá la plata para la adquisición de esos dispositivos, está enojadísimo y amenaza con patear todo el tablero.
