Se sancionó la norma que decreta la intervención de una comuna que trascendió por la rebelión fiscal, desatada por el descontrol y una cadena de hechos de tinte mafioso.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe finalmente aprobó este miércoles con 28 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, la intervención de la Comuna de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal), como respuesta a una serie de denuncias presentadas por los productores agropecuarios de dicha localidad.
En los hechos, la decisión implica el nombramiento de un interventor, previa remoción de la actual gestión comunal y la convocatoria a elecciones, un proceso que podría llevar hasta 6 meses, en base a los tiempos de procesos similares en la provincia.
Así lo manifestó el Dr. Pablo Torres Barthe, quien remarcó la trascendencia de esta decisión legislativa. En diálogo con Campolitoral, confirmó que las autoridades comunales serán removidas, «y en unos meses se debe llamar a elecciones para restituir la normalidad institucional, que hoy se encuentra subvertida no solo por la no rendición de cuentas (que es parte del sistema democrático) y que fue lo que motivó la rebelión fiscal inicial, sino por no haber dejado asumir a Matías Gamboa ni al miembro de la Junta Controladora de cuentas que le correspondía asumir por la primera minoría». El abogado justificó que a raíz de eso se pidió la intervención («casi tenemos una tragedia, y por suerte Matías salvó su vida de milagro, luego de recibir tres disparos de arma de fuego»).
Cambio de época
Según expresó, «hoy se vive el capítulo final de 10 años de tiranía en este pueblo, 10 años de feudalismo». Y anheló que a partir de ahora «finalmente el fiscal actúe y allane la Comuna, aunque ahora será obra del interventor, quien adjunte la documentación para poder terminar de una vez con estas cosas».
Consultado sobre los alcances de la rebelión fiscal, admitió que la misma sigue en pie. «Pero la intención (de los productores) no es no pagar, sino que una vez terminada la jefatura de Walter Sola a cargo de la comuna, los productores no tienen problema de sentarse con las nuevas autoridades electas».
Y remarcó que cualquiera que vive en una República sabe que tiene que pagar impuestos, «pero también sabe que tiene derecho a la rendición de cuentas. Incluso hay un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que indica a la comuna que debía hacerlo y ni siquiera así lo hizo. Por eso se llega a esta resolución, luego de una larga lucha de reclamos a las autoridades competentes. Por suerte el cambio de gobierno provincial impulsó estos cambios».
En ese sentido, Torres Barthe admite que una rebelión fiscal no es fácil de implementar, «hay que estudiar muy bien la Ley porque los costos pueden ser muy elevados. Se deben estudiar las leyes de cada provincia. Es difícil de implementar, y requiere mucha unión por parte de los productores».
Alivio republicano
A su vez, Leonardo González Kees se mostró aliviado y conforme, luego del camino transitado. «Hoy se cierran 10 años de un capítulo oscuro en la política y en lo social de esta comunidad», dijo. «Primero fue la lucha por el aumento desmedido en la tasa (que no es un impuesto, sino una contraprestación que nunca recibimos). Luego, lo que hicimos desde el año 2021 y el 2022 hacia acá, donde nos recibieron los legisladores, que nos aconsejaron ir a la Defensoría del Pueblo, y todas las instancias administrativas». El productor recordó que la respuesta fue otro aumento, «una nueva provocación»; y después, las agresiones físicas.
«Una golpiza que me tocó a mí, pero que le podría haber tocado a cualquier otro productor, y bueno. No aflojamos, y seguimos haciendo lo que nuestras convicciones y decisión nos indicó», sostuvo quebrado por la emoción. «Porque si bien mi familia hace 50 años que está radicada ahí, acá hay una quinta generación de gente que vive en este pueblo. Es muy fuerte este momento, y siempre hemos confiado en la justicia, que nos permitió llegar a esta resolución».
Además, el productor le pidió «con respeto», al fiscal, que ahora actúe. «Hemos estado con él, pero ha estado todo muy dormido, desde la causa penal por agresiones; la denuncia por malversación de fondos, y las nuevas denuncias que hemos hecho obligados, por amenazas». Y cerró celebrando que tal como ocurrió en Senadores, ahora los diputados avalaron esta decisión en forma unánime de intervenir. «Ahora resta que el Poder Ejecutivo convoque a una junta interventora y llame a elecciones transparentes y libres, donde el pueblo se pueda expresar sin miedo, porque han sido 10 años de temor y miedo».
Finalmente, el diputado Marcelo González destacó que el empresario que había sido golpeado por el presidente comunal y su hijo ahora también recibió amenazas de muerte. Que en estas pequeñas localidades no debe tener lugar dentro de la democracia. Este proyecto impulsado por el senador Felipe Michlig apunta a imponer tranquilidad, paz y que en esta localidad pequeña y productiva de nuestro departamento, pueda vivir ahora de forma tranquila.
