Ante la continuidad de hechos delictivos ocurridos especialmente en las zonas rurales y periurbanas de Rafaela, Humberto 1° y Sunchales, las Sociedades Rurales de esas localidades solicitaron a las autoridades que tomen cartas en el asunto.
La nota tiene la fecha de ayer, y lleva las firmas de los titulares de las tres entidades ruralistas: Norma Bessone por la de Rafaela, Mariano Erba de Sunchales, y Diego Guglielmone de Humberto Primo. Y describe la angustia de quienes deben vivir en las zonas rurales de esta región de la provincia, asolada por la delincuencia.
«La frecuencia y repetición constante de estos actos de vandalismo, hace suponer que no existe un plan de prevención para el área periurbana rural, ni que esté prevista una rápida y adecuada respuesta de parte de la Policía y la Justicia, para reducirlos y/o detenerlos. Esta situación es alarmante ya que ocurren cada vez más próximos a poblaciones y asentamientos», comienza diciendo el documento.
«Durante los últimos años, CARSFE a través de sus representantes, ha participado de instancias de discusión sobre el tema y ha colaborado brindando la información disponible de denuncias realizadas por los productores en la Provincia de Santa Fe. La idea era que se trabaje seriamente en el MAPA DEL DELITO RURAL, que vincularía los datos del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) con las denuncias que aporta el Ministerio Público de la Acusación», continúa.
Según los ruralistas, este importante recurso, debiera contar con información completa y actualizada acerca de los delitos cometidos en zonas rurales (cantidad, tipo, ubicación, días y horarios, elementos sustraídos o dañados, imputados, etc.).
«Debemos destacar asimismo que la ausencia de respuesta a las denuncias realizadas por productores, la frecuencia de las acciones delictivas, y la inacción, tanto en la prevención como en la identificación y castigo de los delincuentes, desalentaron el mecanismo de denunciar de parte de los productores rurales. Esta es una consecuencia directa del descreimiento y desconfianza en que los sistemas de Seguridad y Justicia respondan adecuadamente ante el delito».
Por ello, describen que «con enorme preocupación desde las Sociedades Rurales de Rafaela, Sunchales y Humberto 1, ponemos a disposición de las autoridades integrantes en la Mesa de Seguridad, la información que acercaron los productores rurales que han sido víctimas de abigeato, actos de vandalismo (incendios, roturas de silobolsa, corte de alambrados perimetrales, robos, etc.), invasión de animales provenientes de los asentamientos (cerdos y caballos) sin identificación y sin controles sanitarios».
Los productores «nos encontramos permanentemente indefensos» ante la circulación e intromisión de personas extrañas como así también expuestos a intentos de asentamiento ilegales dentro de las propiedades.
«Otro punto relacionado constituye la visible desidia de áreas improductivas circundantes al perímetro urbano que devino en la generación de basurales a cielo abierto (donde no hay clasificación de residuos, ni control) y espacios abandonados que quedan a merced de malvivientes que los eligen para ocultarse».
Para las rurales de la zona, esto no solo significa un peligro latente para las áreas rurales, sino también para la seguridad del sector urbano. «A esta problemática se agrega el estado lamentable de los caminos rurales, que no están cubiertos con ripio. Cuando hay precipitaciones abundantes o persistentes, se hace imposible el acceso a los campos, tanto por parte de los productores como de los móviles policiales». Es notable que durante estas circunstancias se produce un notorio aumento de los hechos delictivos.
«Por ello solicitamos a las autoridades correspondientes que se ejecute ripiado de los caminos en puntos críticos y su periódico mantenimiento para asegurar el acceso en los días de lluvia o posteriores».
Plan de acción
Pero el informe no se queda en la crítica, y propone un plan de acción. «Solicitamos un trabajo de coordinación entre Policía de Seguridad Rural Los Pumas, y la Unidad Regional V, con asiento en Rafaela, y sus destacamentos policiales ubicados tanto en la periferia de la ciudad de Rafaela como en las poblaciones del departamento, dado que son las dependencias que se encuentran en las zonas más cercanas a los campos.
«Deberían contar con móviles y recursos para el patrullaje, con los que cuentan en la actualidad resultan insuficientes. La formación de una Patrulla Rural, con un móvil tipo 4×4, destinado a la recorrida preventiva por los campos de la zona. Tendrían que contar con un teléfono celular/satelital para que pueda ser atendido de inmediato, ya sea cuando se encuentran en la base, como cuando se hallan patrullando en el campo».
Por otro lado, solicitan que los efectivos estén provistos de datos georeferenciales con respecto a la ubicación de las unidades productivas, a los fines de tener contacto fluido con los productores para interiorizarse de los pormenores de los inconvenientes relacionados con la seguridad y establecer un vínculo de confianza, que también permita reducir la “cifra negra” de delitos que no se denuncian.
«Dotar a la Patrulla Rural de un drone, con las características técnicas necesarias para poder sobrevolar la zona rural a modo de patrullaje, es decir, con GPS, cámara filmadora de alta definición, con visión nocturna, que transmita las imágenes en vivo, con un mínimo de autonomía de 30 minutos y un rango de operación de 7 kilómetros. Esto permitiría patrullar reduciendo considerablemente los gastos e ingresar a las zonas en que el estado del terreno lo dificulta».
También solicitaron intensificar el patrullaje (por tierra y/o por aire) conforme a la información de localización de ocurrencia de los hechos. «Los responsables de delitos generalmente viven en las cercanías del lugar en donde cometen los hechos, por ello resultaría efectivo patrullar la zona poblada más cercana a los campos, que cuente con mayor índice de criminalidad».
Según la gacetilla, los casos registrados demuestran que las propiedades robadas ubicadas en un radio próximo tienen un riesgo significativamente elevado de sufrir otro delito, en un período corto de tiempo de los eventos anteriores.
Continuar con campañas contra incendios y arrojo de basura en caminos y zonas periurbanas y rurales. «Hasta el momento, los métodos utilizados en relación a la tasa de delitos son retrospectivos y claramente insuficientes. La situación descripta es alarmante. El contexto de inseguridad es inaceptable para la continuidad de las actividades productivas por ello solicitamos un plan que contemple prevención y acción urgente, con participación local y provincial. Solicitamos respuesta inmediata a nuestros reclamos, así como la disposición de quienes son responsables de la seguridad de los ciudadanos, para coordinar acciones conjuntas», finaliza el documento.
FUENTE: Campolitoral
