FUENTE: David Narciso/Aire de Santa Fe
Creáse el Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles, el cual tendrá como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles (biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en estado puro o en el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles”.
Así quedó redactado el primer artículo de la ley sancionada en la Legislatura de Santa Fe, lo que significa consolidar y expandir el mercado de combustibles de origen vegetal. La provincia es la primera en transitar este sendero y antes de fin de año la seguirá Córdoba, entre otras. Todo en medio de una guerra entre las petroleras y las productoras de biodiésel y bioetanol.
Quienes opten por biocombustibles en Santa Fe obtendrán beneficios impositivos. La ley apunta a transportes de pasajeros, producción agropecuaria, logística, correos, cargas en general, generación de energía eléctrica, espectáculos públicos, entre otras.
Al mismo tiempo el propio Estado deberá migrar a combustibles vegetales “los vehículos de la flota del gobierno provincial, municipal y de las empresas del Estado, ya sean de su propiedad o de terceros que le prestan servicios”.
Estimular la demanda
Desde 2006, en simultáneo con la ley nacional de biocombustibles, Santa Fe definió una serie de promociones y beneficios para el desarrollo de la industria de los biocombustibles que están vigentes y dieron muy buen resultado: hoy es la provincia con mayor cantidad de plantas industriales, y dentro de ellas muchas pymes.
Si aquella ley estimulaba la inversión y la oferta, la votada el miércoles incentiva la demanda. Lo dice así: el gobierno deberá “otorgar beneficios tributarios consistentes en la exención y/o reducción del impuesto sobre los ingresos brutos, sellos y/o patente”. Esos beneficios serán por períodos “que no podrán resultar inferiores a un año”.
Además, “en los pliegos de contratación de obras públicas y/o servicios se deberá incorporar la exigencia de uso de biodiésel al 100% y en los equipos que se utilicen, en la medida que sea técnicamente viable y no se encuentre prohibido expresamente por el fabricante de los mismos o sus certificados de garantías estableciendo una proporción de acuerdo al tipo de la obra o del servicio”.
La ley aprobada en la Cámara de Diputados tiene origen en un proyecto del senador Armando Traferri (PJ). Se complementó con el que habían presentado en mayo pasado los diputados del Frente Progresista, con el ex ministro Garibay a la cabeza.
Lo más trascendente es que genera las herramientas para diversificar el mercado interno de biocombustibles, en particular el biodiésel que se produce a partir de la soja, al incentivar la migración desde combustibles fósiles a los de origen vegetal.
Cautivos del corte
El mercado de los biocombustibles se divide entre exportadores, integrados a las grandes procesadoras y puertos de soja; y las pymes, que abastecen el mercado interno, principalmente el porcentaje de corte que por la ley las petroleras están obligadas a hacer en los combustibles de origen fósil.
El corte obligatorio fue consagrado por ley nacional en 2006 junto con beneficios para las inversiones del sector. Ahora lo que empiezan a buscar las provincias productoras de biocombustibles es ampliar esas fronteras e incentivar nuevos nichos de mercado.
Es también un salvavidas para la industria que tiene muchas plantas paralizadas desde hace meses porque las petroleras aumentan los precios de los combustibles pero no le aumentan el precio que pagan por el biocombustible para garantizar el corte. Los gobiernos nacionales vienen colaborando con ese quebranto, ya que el precio sostén se publicó por última vez el 1° de diciembre pasado y está absolutamente desfasado con los costos de producción.
Las leyes provinciales buscan diversificar los nichos de mercado para que las industrias no queden cautivas de las petroleras. Podrían abastecer los dos frentes con la actual capacidad instalada del sector.
Para los defensores de los combustibles verdes, los beneficios están a la vista: se sostiene la demanda industrial, se genera empleo en origen y se bajan las emisiones de gases contaminantes. Esto último tiene doble ventaja: contamina menos el ambiente, pero además, si el gasoil común que se utiliza para producir soja o carne se reemplaza por biodiesel, también se reduce la huella de carbono de esos productos, aspecto cada vez más relevante a la hora de ingresar productos de origen agropecuario a mercados externos.
Al igual que Santa Fe, Córdoba también se prepara para estimular la demanda de biodiésel y bioetanol de maíz en el caso de las naftas, promoviendo su utilización en el transporte de cargas y de pasajeros y en el sector agropecuario, entre otros rubros de menor consumo.
El proyecto de ley anunciado dos semanas atrás por el gobernador Schiaretti es más ambicioso, en el sentido que plantea incentivos para desarrollar nuevas industrias, y especialmente industrias de autoconsumo, con un modelo de economía circular que ya mostró resultados en emprendimientos agropecuarios. Además, por la distancia con las grandes procesadoras de granos y puertos y los costos en flete, estas minidestilerías tienen mayor viabilidad económica que en Santa Fe.
Fósiles vs vegetales
Este paso que Santa Fe y Córdoba –seguramente le seguirán otras, ya que al menos en diez provincias se producen biocombustibles– es una mala noticia para las petroleras que fabrican y distribuyen combustibles.
Si bien hoy se propone que sean complementarias, en el fondo se trata de una disputa de suma cero. Es decir, las porciones de mercado que ganan los fabricantes de biocombustibles las pierden los fabricantes de combustibles fósiles. Sólo en 2019 el uso de B100 en el transporte urbano de Rosario significó 175 millones de litros menos que salieron de la lista de ventas de las petroleras a las de biodiésel.
A todo esto, en mayo próximo vence la ley nacional de biocombustibles que promovió la industria y el corte obligatorio de los combustibles de origen fósil. Como la pandemia demoró el debate, todo indica que se prorrogará esa ley hasta el 31 de diciembre de 2024 para luego sí considerar una nueva. Al menos esa es la propuesta de la senadora santafesina Marilyn Sacnun.
Santa Fe es líder natural en materia de biocombustibles, por capacidad de producción y cantidad de plantas. Y ahora es la primera en tener una ley con incentivos fiscales para el reemplazo por biodiésel. Para llegar a esto, en los últimos años dio pasos muy importantes, como las mencionadas pruebas en el transporte urbano de Rosario que luego se extendió a otras ciudades.
“Para llegar a esto primero hubo que derribar mitos, por eso fueron importantes las experiencias que corroboraron que los motores funcionan sin problemas, que el biodiésel no se pega, que el motor no se funde o se deteriora, como decían”, explica Verónica Geese, ex secretaria de Energía de la provincia y una de las redactoras del proyecto de ley que presentó en mayo el diputado socialista José Garibay.
