El cierre del registro de exportaciones vaticinaba el anunciado incremento de 10% en las retenciones de soja y las bases se alistaban para una contienda con el gobierno nacional. Sin embargo las entidades fueron convocadas a negociar. El ambiente sigue caldeado y buena parte de las protestas programadas, principalmente por Autoconvocados, se realizarán en las próximas semanas.
Luego de la difusión periodística desde medios afines al gobierno nacional sobre un incremento del 10% en los Derechos de Exportación (DEX, conocidos como «retenciones») al complejo oleaginoso se instaló la idea de que el propio presidente de la Nación Alberto Fernández haría el anuncio durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.
En la misma medida que durante días proliferaron versiones al respecto, consolidadas tras el cierre del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para los granos, creció el malestar en el sector agropecuario, por cuanto el mandatario se había comprometido frente a los dirigentes del sector a no tomar decisiones de este tipo sin hacerlos partícipes. Incluso la supuesta confirmación se produjo en el miércoles 26 de febrero, en vísperas de una reunión pautada para el jueves entre el Ministro de Agricultura Luis Basterra y los integrantes de la Mesa de Enlace.
Pero cuando todo indicaba que el contacto sería para comunicar el incremento al 33% del gravamen para la venta de poroto, con el consecuente impacto bajista para los productores que se aprestan a levantar la cosecha, el funcionario nacional propuso una instancia de negociación que incluso podría contemplar -según versiones periodísticas- la suspensión de la medida. Aún así, una gran cantidad de chacareros autoconvocados se manifestaron decididos a sostener el plan de lucha con manifestaciones y protestas en varias provincias argentinas.
Impacto en Santa Fe
A grandes rasgos, la suba del impuesto implicaría para el gobierno nacional un incremento en la recaudación de 350/400 millones de dólares, una cifra no demasiado significativa para las arcas públicas. Pero crucial para las cuentas de los agricultores, que presupuestaron la campaña con otros números y se enfrentan a una peligrosa tendencia bajista en los valores de la mercadería, en el marco del derrumbe de mercados tras la conmoción que genera el coronavirus desde China.
El impacto en la economía de la provincia de Santa Fe fue anticipado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio local incluso antes de sancionarse, a fines de 2019, la denominada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, norma que finalmente habilitó elevar del actual 30% a 33% el DEX para la soja. El trabajo se basó en una estadística parcial, en base a los volúmenes procesados y comercializados entre enero a septiembre de 2019 en las empresas santafesinas.
En tal sentido, la diferencia de cotejar el impuesto pagado antes de los cambios establecidos por la nueva gestión nacional (antes del decreto 37/2019 que impuso el 30% la soja pagaba 18% más 4 pesos por dólar) contra el 33% al que llegaría de activar la posibilidad que habilitó el Congreso arroja una salida extra de 233 millones de dólares en concepto de DEX, solo en soja, desde Santa Fe hacia Nación.
Vale indicar que la proyección de la Bolsa de Comercio de Santa Fe también incluyó la posibilidad de que se apliquen esos 3 puntos extras a maíz, trigo y girasol, en cuyo caso pasarían a tributar 15%. Si eso ocurriera, estos serían los productos que más impacto tendrían, ya que implicaría un incremento impositivo de 67,3% en girasol, 67,9% en maíz y 50,2% en trigo.
Riesgo institucional
Desde el ruralismo santafesino, el secretario de Carsfe Ignacio Mántaras manifestó la preocupación que genera en el sector esta posibilidad y alertó que, de no cumplir con los requisitos que estableció la Ley para habilitar la suba, se estaría frente a un conflicto institucional al desconocerse la voluntad de las provincias manifestadas por sus legisladores en el Congreso. Si así ocurriera, «estaríamos en una etapa pre constitucional», indicó el dirigente, rememorando los inicios de la Nación, cuando las provincias discutían derechos aduaneros que captaba el gobierno nacional a partir del movimiento portuario en Buenos Aires.
En declaraciones previas a la reunión de la Mesa de Enlace con Basterra, Mántaras recordó que siempre el cierre del registro de exportaciones fue «el preludio de cambios en las retenciones». Por lo tanto, indicó: «se vislumbran cambios a partir de la facultad que le dio el Congreso al presidente en diciembre».
A pesar de la tensión, el directivo de Carsfe valoró que «algo dejó el 2008», en referencia a los aprendizajes del extenso conflicto que enfrentó al sector con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya que «hoy se discute en el congreso y no se implementa una suba de impuestos como en aquel entonces con una resolución del Ejecutivo».
De todos modos Mántaras planteó que la Ley estipula algunos requisitos para hacer efectiva la suba de 3 puntos «que no se pueden resolver en pocos días, así que entendemos que se debe respetar la ley del congreso». Por ejemplo se obliga a implementar un fondo solidario de estímulo y créditos para toda la cadena agroindustrial, sobre todo a pequeños y cooperativistas. También a generar mecanismos de estímulos o segmentación, que si bien no son compartidos por Carsfe, «a eso se comprometió Alberto Fernández con la Mesa de Enlace el 23 de diciembre».
Incluso la norma prevé la conformación de una comisión con legisladores, Consejo Federal Agropecuario (CFA) y entidades que debía expedirse ante una propuesta «y no se ha creado». Otro apartado hasta menciona que en situaciones de emergencia no se aplicarían los DEX. «Se trata de tres o cuatro puntos centrales surgidos de un Congreso donde están representadas las provincias, que entendemos se debería respetar», remarcó.
Si así no ocurriera, «sería vulnerar la voluntad del Congreso a dos meses de su tratamiento, por lo que ya no sería un conflicto sectorial sino institucional, que involucra a las provincias», advirtió. En ese sentido consideró que si los cambios se produjeran sin cumplir tales exigencias «estaríamos en una etapa pre constitucional, cuando provincias discutían derechos aduaneros con el gobierno nacional». Para tener dimensión del tema recordó un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario que estimó en 105.000 millones de dólares el aporte que han hecho los productores durante los últimos 20 años «que no vuelven ni al sector, en caminos o infraestructura, ni a la ciudadanía».
Brazos caídos
El secretario de Carsfe enfatizó que los DEX se aplican sobre ingresos, por lo que son siempre inaceptables ya que no contemplan el resultado económico de la empresa agropecuaria sino que gravan la facturación. Y reconoció que «a nivel de productores hay mucho ruido y ya se vislumbra un conflicto en puerta».
Sobre el impacto en el productor también recordó que rige un desdoblamiento cambiario que agrava aún más la situación, dado que la mercadería se vende a un dólar de $ 42 (al restar DEX de la cotización mayorista de la divisa) y los insumos se compran a un valor próximo a $ 80, por lo que las retenciones son cercanas al 50%. Además, «si tiene una mala campaña el costo lo afronta el productor y el Estado está ausente».
Por otra parte, Mántaras indicó que la situación actual dista considerablemente de la que había en 2008, cuando se intentaron imponer las famosas «retenciones móviles». «No es el 2008 con soja de 600 dólares; hoy la soja mayo está en 220 y aunque no se toquen retenciones el conflicto a cosecha va a estar igual porque los números no le van a cerrar a gran parte de los productores, especialmente a medida que se alejan de los puertos», sostuvo, en referencia a norte santafesino, Chaco, Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy.
En el mediano plazo, la señal es desaliento. La posibilidad de un cambio de reglas en mitad de un campaña, que fue planificada un año antes y en la que entre 60 y 70% de los campos son arrendados, incita a sacar el pie del acelerador. «El productor va a decir me salgo, el año que viene no hago campaña», calculó Mántaras, para quien la cosecha podría retroceder «a los 100 millones de toneladas».
Freno de mano
En medio de infinidad de conjeturas y especulaciones, Basterra recibió a los presidentes de CRA Jorge Chemes, SRA Daniel Pellegrina, Coninagro Carlos Iannizzotto y FAA Carlos Achetoni. Hacía 60 días, luego del primer y único contacto, que las partes no se sentaban a la mesa. Los ruralistas asistieron convencidos de que escucharían la fatal noticia de la suba impositiva. En cambio el funcionario hasta se ofreció a proponerle al presidente Fernández que suspenda el incremento. En la práctica se trataría del inicio de una instancia de negociación, en la que las entidades aspirarían a obtener beneficios para otros rubros como economías regionales, lechería, carnes e incluso granos como trigo, maíz y girasol. Los rumores indican que los cereales mantendrían el 12% que pagan en la actualidad, lo mismo que el 9% para lácteos y carnes, aunque con una posibilidad de reducir en los primeros a medida que se agrega valor a la mercadería.
El girasol, en cambio, podría bajar del 12% al 9%, y el arroz podría descender de 9/12% a 5%. Se mencionó también que podría haber beneficios para maní, cebada y sorgo. Sobre segmentaciones, un tema vidrioso que algunos dirigentes y productores consideran inaplicable pero otros alientan, no hubo comentarios.
Mas allá de cómo sigan las relaciones, un sector importante de las bases que conforman el Movimiento Nacional de Productores Autoconvocados continúa en pie de lucha y avanza con un cronograma de manifestaciones. Serán en varias provincias y con distintas modalidades, como asambleas y tractorazos, incluso un denominado «casillazo» que consistirá en una caravana de casillas rurales que marcharán desde Charata, Chaco, hasta las inmediaciones de Expoagro el 10 de marzo. Aunque para entonces el rumbo podría haber cambiado, según las decisiones que tome entretanto el gobierno nacional.
FUENTE: Campolitoral
